nº 36 de EcoHabitar

Editorial

El análisis de lo que está pasando a nivel económico y social es complejo y va más allá de un simple “sálvese el que pueda”, con una evidente política de desmantelamiento de sectores de la energía que parecía que, en años anteriores, habían avanzado algo en este país.

Es, quizás, el sector de las energías renovables uno de los más tocados al eliminar, por parte del Gobierno actual, las primas que ayudaban a implementar estas tecnologías en el estado español. Es bien cierto que se trataba de una normativa que favorecía el monopolio de las grandes compañías, equiparando el mecanismo de facturación, por ejemplo, entre grandes y pequeños y que favorecía la ocupación de territorio con grandes parques eólicos y huertos solares, en vez de utilizar las cubiertas de viviendas y polígonos industriales, por ejemplo.

El modelo energético de este país está fallando. El monopolio de las 5 grandes empresas eléctricas supone que ahora mismo se esté pagando una de las facturas eléctricas más elevadas de la Unión Europea, y no conformes con unos beneficios de 6 mil millones anuales, participan del desmantelamiento de un sector estratégico y poniendo trabas a cualquier intento de descentralización y autoconsumo.

Este país ha sido, hasta hace poco, una potencia mundial en fabricación, instalación y exportación de un buen número de tecnologías renovables. Sin embargo, los dos últimos gobiernos se han empeñado en desmontar un sector que, según la UE, podría crear millones de empleos, atraer inversiones internacionales y abaratar nuestra energía [1].

Por otra parte, el Gobierno acaba de votar en contra de un texto  consensuado de la nueva Directiva de Eficiencia Energética, texto que aprobaron, en septiembre, el Parlamento Europeo y, hace unos días, el Consejo de Ministros de Energía. España tiene una tasa de dependencia energética muy superior a la tasa europea, alrededor del 75% (Europa tiene un 50%) y esto significa menos eficiencia.

Entre otras cosas, la Directiva, a la que el gobierno de España ha dicho no, dice que “los Estados miembros se asegurarán de que, a partir del uno de enero de 2014, el 3% de la superficie edificada total, propiedad de sus organismos públicos, se renueve cada año”, que se renueve –dice la Directiva– de manera que cumpla al menos unos de los requisitos de rendimiento energético mínimos, determinados por otra Directiva europea (la Directiva 2010/31/UE, concretamente). Ese 3% se calculará –añade la Directiva de Eficiencia Energética– “sobre la superficie edificada total de edificios propiedad de organismos públicos del Estado miembro correspondiente, incluidas las viviendas sociales” (según datos de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, el 12% de los edificios pertenece al sector público).

Otra de las indicaciones que introduce la Directiva es que cada Estado miembro “establecerá un régimen de obligación de eficiencia energética” que debe asegurar que todos los distribuidores de energía y/o todas las empresas minoristas de venta de energía “consigan ahorros anuales acumulados, a nivel de usuario final, iguales como mínimo al 1,5% de sus ventas de energía anuales, en volumen, como media del período trienal más reciente para dicho Estado miembro”. La Directiva obliga a distribuidores y comercializadores a que animen a sus clientes para que gasten menos energía: 1,5% de sus ventas de energía anuales. Pues bien, el Gobierno también ha dicho no a esto.

1.- Únete a la campaña de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para frenar el “déficit tarifario”
http://www.avaaz.org/es/petition/NO_al_Tasazo_SI_a_las_Renovables/?cUWiIab

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