Denuncia de la Comisión Europea a España por su incumplimiento de la norma sobre eficiencia energética en los edificios

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La Comisión Europea  ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por su incumplimiento de la Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética en los edificios.

Esta Directiva, exige a los Estados miembros garantizar la eficiencia energética de sus edificios y disponer de un control periódico de las calderas y de los sistemas de aire acondicionado. Tras otra llamada de atención de la Comisión en 2010, nuestras autoridades modificaron las disposiciones para ajustar la legislación nacional a las normas europeas, para posteriormente, no cumplirlas.

En su denuncia, la Comisión Europea considera que España aún no ha puesto en marcha las medidas necesarias para establecer un régimen de inspección periódica de las instalaciones consumidoras de energía, régimen que, sin embargo, sí está previsto en el RITE, pero no se cumple. Las calderas que no funcionan correctamente o que lo hacen con un combustible inadecuado, representan no solo unos costes energéticos inviables, sino además un atentado contra la sostenibilidad y la salud de los ciudadanos.

Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese), llevan tiempo intentando convencer a los distintos estamentos de la Administración de la necesidad de cumplir la ley, algo muy sencillo, a lo que siempre son receptivos con la teoría, pero alegan falta de recursos o inoportunidad política del momento para llevarlo a la práctica.

Los edificios son responsables del 40% del consumo de energía final y del 36% de las emisiones de CO2. Por ello no pueden, ni deben seguir al margen de la ley.
¿Qué medidas se pueden y se deben tomar? Inspecciones periódicas obligatorias a salas de calderas e instalaciones de aire acondicionado, cumpliendo así lo establecido en el RITE. Es decir, es necesario realizar auditorías energéticas periódicas de todos los edificios existentes.

Si de estas auditorías se desprende la necesidad de acometer actualizaciones en las instalaciones para con ello mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones, estan las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) que llevarían a cabo todo el proceso de modernización de las instalaciones con coste cero para los usuarios, dado que los ahorros que se van a lograr, garantizados por la ESE, financian las medidas de ahorro y eficiencia energética.

El resultado de las medidas seria un ahorro en el consumo energético y la consecuente reducción, entre el 30% y el 80%, de las emisiones de CO2. No podemos olvidar que la reducción de las emisiones tiene un notable y beneficioso impacto medioambiental, pero también lo tiene económico.
El Estado, cada año, tiene que comprar derechos de emisión a otros países, para cubrir el denominado sector difuso de la economía, comprendido por todo aquello que no está sometido al Plan Nacional de Asignaciones de derechos de CO2. El coste de estos derechos en 2010 ascendió a cientos, si no miles de millones de euros, una cantidad que, dada la situación socioeconómica en la que nos encontramos, seguramente habría podido tener un mejor destino.

Las medidas de ahorro y eficiencia energética, si además de tener un coste cero para el propietario del edificio, estuviesen incentivadas por las autoridades, permitirían a España cumplir con los diversos compromisos que tiene en materia de sostenibilidad, como el protocolo de Kioto o la directiva europea Triple 20.

Todo lo expuesto, está recogido y estructurado en el Plan 40/7, la propuesta estratégica que ESE ha presentado ante la Administración para el impulso del sector de la eficiencia energética.

Este plan permitiría cumplir a corto plazo con la Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética en los edificios, pero además se encuadra en los objetivos del segundo Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, aprobado recientemente.

El Plan 40/7 supone no solo cumplir con los compromisos internacionales del país, supone también una herramienta de mejora medioambiental y lucha contra el calentamiento global, supone el impulso de un sector que puede ser motor de la economía española, con la creación de miles de puestos de trabajo estables y de calidad. Supone apostar por el futuro que queremos.

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